Esta investigación surge de la gran preocupación, compromiso y lucha por la prevención, investigación, sanción y erradicación de violencias domésticas y por razones de géneros que sufre el colectivo femenino en la provincia de Mendoza, Argentina. En particular en la administración de justicia, en quien recae el deber de la debida diligencia reforzada de garantizar el ejercicio real de los derechos humanos, y la accesibilidad a dispositivos de protección integrales conforme el marco constitucional, convencional y legal vigente en el país. En el Poder Judicial local observamos resoluciones judiciales1de tribunales de familia, en las que mujeres denunciaron hechos de violencias domésticas y no se aplicaron leyes y convenciones internacionales vigentes en la materia, sino la Ley provincial Nº 6.672 (1999) de Violencia Familiar2 que es anterior y fue redactada sin perspectiva de géneros. Si bien Mendoza adhirió en el año 2010 por Ley N° 8.226 a la Ley nacional N° 26.485 (2009), “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, su inobservancia por operadoras/es judiciales y el predominio de prácticas sin enfoque de géneros alzan barreras a la accesibilidad de la administración de justicia, para la defensa de los derechos humanos de mujeres en situaciones de violencias domésticas.