El proceso judicial que en Colombia se ha dado apropósito delos "dineros ilegales "que financiaron la campaña del presidente Samper, ha sido bautizado por El Espectador como el "proceso 8.000". Su jefe de información nos ofrece algunas reflexiones sobre el papel que desempeñaron los periodistas y la prensa en este caso. Hace algunos años en Colombia, y específicamente en El Espectador, sufríamos de manera directa y violenta las consecuencias de los ataques de los carteles de la droga. Asesinatos, guardaespaldas, amenazas de bombas, bombas callejeras, exilios y ante todo una sociedad atemorizada o que se tapaba los ojos con sus manos para no ver, o quizás para gozar, la penetración del narcotráfico en todas sus instancias. Digamos que, ahora, la situación ha cambiado. Ahora no discutimos si los narcos pusieron o no las bombas. Si asesinaron o no a periodistas. Si los cadáveres que flotan en los ríos son O no son de informantes o empleados de diversos carteles. Si los narcos se fortalecieron o no con la apertura económica formalmente establecida por el hoy secretario general de la OEA. Si la política de sometimiento a la justicia terminó o no por legalizar a los narcos. No. Ahora discutimos si los dineros ilegales que llegaron a la campaña de Ernesto Samper -y su canciller lo ha aceptado públicamente-entraron con conocimiento de causa o no.