Las políticas de desarrollo rural generadas en Colombia hasta el final de la primera década del siglo XXI no fueron capaces de generar dinámicas incluyentes para los territorios más aislados del país. Su resultado fue la generación de procesos de desarrollo desigual de esos territorios, profundizados por la presencia de grupos armados al margen de la ley, y el establecimiento de cultivos de uso ilícito. Se generaron, entonces, estructuras sociales incrustadas en la ilegalidad, que no permitían ni la presencia institucional del Estado, ni el desarrollo de actividades productivas legales, tal y como se evidencia en la subregión de Guambuyaco, Nariño (Colombia).