El gobierno de la seguridad ciudadana en las regiones de fronteras es una necesidad impostergable y una asignatura nueva en fase de definición. Sin duda, la consideración dominante en el conocimiento y en las políticas ha provenido de un enfoque nacional e internacional, donde las condiciones particulares de la frontera y sus habitantes han pasado a un segundo plano. En esa perspectiva, tres han sido las líneas prioritarias de política: a) en términos económicos, el establecimiento de aranceles y de mecanismos de control para ejecutarlos mediante aduanas y tributos; b) en cuanto a la defensa, el señalamiento de la garantía a la heredad territorial y a la soberanía nacional sobre la base de la militarización de la frontera y de la imposición de visas para el otro; y c) la seguridad pública, con la finalidad de preservar el orden público estatal a través del policiamiento para eliminar al enemigo interno.