La inclusión financiera ha tomado mucha relevancia en los últimos años, dado el aporte significativo que genera sobre el crecimiento económico de los países y el papel que desempeña al momento de reducir la desigualdad (Sahay et al. 2015; Čihák y Sahay 2020). Esto ha generado que los responsables de la política pública, miren a la inclusión financiera como una herramienta necesaria para alcanzar niveles óptimos de desarrollo económico y social; considerando que, permite realizar intercambios de bienes y servicios de forma eficiente, aporta en la transparencia de la administración de los recursos públicos, especialmente en programas de inversión social, constituye una alternativa ante el financiamiento informal o no regulado, y brinda a los hogares alternativas de productos y servicios financieros para la adquisición de bienes y servicios (Beck et al. 2004; Beck, Demirgüç-Kunt y Martínez Peria 2007).