La Organización de Naciones Unidas, a través de sus agencias, y en el marco de una reforma en la búsqueda de mayor eficacia en su labor, ha acompañado las políticas estatales para hacer frente a la llegada de miles de venezolanos y venezolanas a Ecuador. Para ello ha puesto en marcha varios programas de apoyo técnico y en menor medida financiero, mismos que muestran una falta de coherencia entre los lineamientos constitutivos de la ONU y los intereses políticos internacionales y nacionales. En la presente investigación se evidencia un tipo de interacción entre el Gobierno Nacional y las agencias especializadas de la ONU que dejan muchos vacíos en la garantía de derechos de las migrantes venezolanas en el país, dejándolas en situación de vulnerabilidad.