En América Latina y el Caribe el derecho al aborto sigue siendo una deuda. Persisten regulaciones restrictivas en muchos países que impiden el acceso y las garantías de los derechos relacionados. Esta región alberga la mayoría de los países con restricciones absolutas a este servicio de salud, reconocido como esencial por organismos de rectoría sanitaria global y regional (OMS 2022). Por otra parte, solo en seis países se permite el acceso al aborto voluntario dentro de algunos plazos establecidos. En el resto, las restricciones se basan en diversas causales legales que han demostrado ser ineficaces y que se convierten en nuevos obstáculos para las mujeres, especialmente para aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad (Ramón Michel y Bergallo 2018). Además de las restricciones legales, barreras promovidas por razones culturales, religiosas o morales limitan de forma significativa el acceso al aborto seguro en la región. Todo ello contribuye sustancialmente a aumentar la mortalidad por aborto, en su mayoría debido a intervenciones realizadas en condiciones de riesgo.