Si el concepto de seguridad humana ha estado desde sus inicios en amplios y diversos debates para su definición, ¿qué podemos esperar de la aplicación de políticas públicas y leyes que respalden la seguridad humana como tal?. Desde que PNUD adoptó este término en su Informe sobre Desarrollo Humano, en 1994, algunos tomadores de decisiones, académicos, entre otros analistas del tema, han señalado como una de sus principales ventajas su diferencia con la concepción tradicional de seguridad, que abordaba mayormente la protección del Estado, mientras que otros críticos de este concepto resaltan su ambigüedad y el peligro de utilizarlo para justificar algunas acciones violentas enmarcadas en el realismo político. Las transnacionales, por ejemplo, son actores internacionales, cuya misión, según dicen, es contribuir a la protección y desarrollo del sector donde se ubican. Sin embargo, en algunas comunidades de Ecuador, como Tundayme y Cascomi, la vulneración a su seguridad por parte de la empresa de capitales chinos Mirador es evidente.