La asociación de Chile a MERCOSUR, en junio de 1996, se planteó como un hito en la política exterior chilena. De esta manera se consolidaba un intercambio comercial creciente y se reforzaba la prioridad regional de los gobiernos de la Concertación por la democracia, insertándose en el proceso de integración de mayor éxito en América Latina. Sin embargo, a nivel interno no existió consenso sobre los beneficios de este acuerdo. Mientras el gobierno y los exportadores lo consideraban como muy provechoso, diversos sectores del escenario político y económico chileno, manifestaron su contrariedad por esta asociación. Fundamentalmente por las posibles consecuencias negativas que ésta tendría en los sectores más sensibles de la economía nacional.