La presente investigación aborda la problemática de la violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Bolivia, centrándose en el análisis de las buenas prácticas de fundaciones que brindan patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. El estudio se enmarca en un contexto donde la violencia sexual es reconocida como un problema multidimensional y una violación de los derechos humanos, siendo las mujeres y NNA los grupos más vulnerables por lo que se asume la violencia sexual como una forma de violencia basada en género. El estudio se enfoca en el período 2018-2023, considerándose este lapso de tiempo debido a los cambios sociopolíticos ocurridos en Bolivia, incluyendo la crisis política de 2019 y la pandemia de COVID-19, que agravaron la situación de violencia sexual en el país, según datos oficiales. La investigación tuvo como objetivo analizar las buenas prácticas de las fundaciones, identificar los obstáculos que enfrentan y describir las estrategias implementadas para abordar la violencia sexual contra NNA. La metodología de investigación se abordó bajo la perspectiva cualitativa y las unidades de análisis estuvieron constituidas por tres fundaciones, como entidades principales involucradas en el patrocinio gratuito, considerándose el eje central boliviano, a saber, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, utilizándose como técnica la entrevista a informantes clave, que incluyó a sobrevivientes de violencia sexual, funcionarias de fundaciones y extrabajadores de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Los resultados obtenidos dan cuenta de que estas organizaciones implementan un enfoque integral que abarca áreas jurídicas, psicológicas y sociales, promoviendo la autonomía y previniendo la revictimización. Aseguran el acceso a servicios sin restricciones económicas y colaboran con el sistema judicial para proteger a las víctimas. Sin embargo, enfrentan desafíos como el aumento de la violencia de género, procesos legales prolongados y la necesidad de reformas estructurales en políticas públicas. En conjunto, las fundaciones desempeñan un papel crucial en la atención a NNA, aunque su efectividad está condicionada por diversos obstáculos. Se espera que este análisis contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de la atención a las víctimas, promoviendo un enfoque integral y especializado que abarque aspectos legales, psicológicos y sociales.This research addresses the issue of sexual violence against Children and Adolescents (NNA) in Bolivia, focusing on the analysis of good practices by foundations that provide free legal representation to victims. The study is framed within a context where sexual violence is recognized as a multidimensional problem and a human rights violation, with women and children being the most vulnerable groups, thus positioning sexual violence as a form of gender-based violence. The study focuses on the period 2018–2023, selected due to sociopolitical changes in Bolivia, including the 2019 political crisis and the COVID-19 pandemic, which exacerbated sexual violence in the country, according to official data. The research aimed to analyze the good practices of these foundations, identify the obstacles they face, and describe the strategies implemented to address sexual violence against children. The methodology adopted a qualitative perspective, with three foundations serving as the primary units of analysis. These organizations operate in Bolivia’s central regions: Santa Cruz, La Paz, and Cochabamba. Key informant interviews were conducted as the primary technique, involving survivors of sexual violence, foundation staff, and former employees of the Child and Adolescent Ombudsman’s Office (DNA). The findings reveal that these organizations implement a comprehensive approach encompassing legal, psychological, and social support, promoting autonomy and preventing revictimization. They ensure unrestricted access to services and collaborate with the judicial system to protect victims. However, challenges persist, such as rising gender-based violence, prolonged legal processes, and the need for structural reforms in public policies. Collectively, the foundations play a crucial role in supporting children, though their effectiveness is hindered by various obstacles. This analysis is expected to contribute to strengthening public policies and improving victim care by promoting a specialized, holistic approach integrating legal, psychological, and social dimensions.