El tratamiento de las adicciones ha estado históricamente marcado por un enfoque prohibicionista y punitivo, enraizado en políticas como la guerra contra las drogas y reforzado por leyes que han criminalizado y patologizado el consumo de sustancias. Los sistemas de atención a las adicciones enfrentan serias limitaciones estructurales y éticas al estar vinculadas con prácticas cuestionables como corrupción, negligencia y violaciones de derechos humanos. Desde la sociedad civil, emergen alternativas como Narcóticos Anónimos (NA) que ofrecen un modelo basado en el apoyo mutuo para detener el consumo problemático; sin embargo, estos grupos han sido generalmente interpretados desde el enfoque terapéutico y el de movimientos sociales.