La democracia, hoy por hoy es blanco de interrogantes, dudas y cuestionamientos en diferentes tonos y por varios motivos, (Villanueva, 2006) sin dudar de sus valores y principios, ni de su superioridad humanista y política, se plantean algunas preguntas frente a la capacidad y autoridad para gobernar a la sociedad actual, la capacidad de conducción social, y el real alcance. En este sentido, es pertinente observar el sistema de gobernanza como un proceso de “realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público” (Whittingham, 2011), donde, se envuelven dinámicas propias de cada territorio. En Colombia, el ejercicio de gobierno se da entre la interacción de entidades gubernamentales, no gubernamentales, e incluye la intervención de organismos con carácter especial como los Resguardos Indígenas, para este caso: El Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol. Este encuentro socio estatal que permite visualizar escenarios propios del desarrollo territorial es un resultado de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se brinda la posibilidad a los pueblos indígenas de contar con una jurisprudencia exclusiva. Situación que pone en términos de diálogo a la incidencia local, la agencia, la gobernanza y la gobernabilidad que surge en los diferentes organismos coexistentes en el país. En este panorama, el estudio de la democracia, de los Derechos Humanos y del Desarrollo Humano, implica observar a profundidad la validez política del ejercicio del gobierno, como un aporte que incide a nivel cívico, social y político en el contexto nacional y específicamente en el local, visualizando también esta incidencia desde y hacia los gobiernos propios, indígenas y autónomos. El análisis de las relaciones socio-estatales, y en ellas la profundización de las categorías de gobernabilidad y gobernanza, se ven como formas significativas para comprender este desarrollo territorial, brindando un cruce de experiencias entre diferentes sistemas de gobierno. En donde, las críticas y dudas que surgen entre estos dos conceptos, (Aguilar, 2010) dan respuesta a la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos democráticos, teniendo como objeto de conocimiento el proceso de gobernar. Además, dichos conceptos se encuentran comprometidos con los procesos de toma de decisiones, los cuales no solamente se dirigen a rescatar marcos de cooperación y convivencia, sino también a considerar conflictos (Revesz, 2009), permitiendo que ambos se complementen en la administración del poder. En ese sentido, el aporte social de esta investigación indica una visión dinámica que concierne al ámbito ciudadano en los diferentes niveles de gobierno como una contribución al desarrollo. Entre ello, se encuentra la operación de agencias lideradas por la ciudadanía y por los organismos territoriales especiales como las comunidades indígenas, donde se transforman los escenarios a figuras participativas de gobiernos locales para la toma de decisiones y de deliberación en asuntos políticos.