La Nueva Constitución es, de algún modo, fruto de las movilizaciones sociales del 5 de febrero y de las resoluciones (o irresoluciones) que ha ido teniendo la crisis política en que ha estado inmerso el país desde hace algunos años. Es, por lo tanto, fruto de las búsquedas de un conjunto de actores de lo que ha dado en llamarse la sociedad civil; desde ese punto de vista, resulta heredera de las propuestas, a veces ínacabadas, que la sociedad ha venido trabajando, teniendo en mientes la construcción de un país democrático, más Justo, más humano: de esta vertiente provienen una serie de derechos sociales y colectivos que han sido incluidos en la nueva Constitución. Pero ella es también fruto de los afanes de las clases políticas; y, desde ese punto de vista, heredera de las reformas políticas iniciadas y a veces truncas que, desde hace un tiempo, tienen como eje la gobernabilidad y el mercado.