La reforma de la seguridad social se ha constituido en un elemento central del debate social y de la acción política en muchos países de América Latina. Este debate confronta las orientaciones de un proceso iniciado por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales para promover la reforma de los sistemas existentes siguiendo un enfoque orientado hacia su privatización, frente a los resultados y la situación actual de la protección social en los países que aplicaron el modelo propuesto. Hasta 2001, según la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), once países habían realizado reformas estructurales privatizadoras de los sistemas de pensiones y cuatro también introdujeron cambios en los sistemas de asistencia a la salud.