La necesidad de fortalecer la respuesta al VIH-SIDA en la población penitenciaria se basa sobre argumentos lógicos: la detención limita la libertad de la persona, pero no su actividad sexual, ni la propagación de la infección, tampoco los contactos entre la población carcelaria y la población general. Pero también sobre argumentos basados en los derechos: los detenidos conservan todos los derechos de los que no les priva su condición de recluso. Consecuentemente, el respeto de los derechos constitucionales de las PPL obliga el Estado a proveer en los CRS niveles de salud equivalentes a los de la población en general. Los datos obtenidos por los estudios realizados demuestran la presencia de la epidemia en las personas privadas de libertad, como uno de los grupos más afectados, después de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y de las trabajadoras sexuales.