El consenso científico en torno a las causas antropogénicas del cambio climático (IPCC; 2021; Cook et al. 2016) ha contribuido a que se desarrollen compromisos internacionales y cambios en las políticas de las naciones, con el fin de enfrentar la crisis climática. Debido a la incidencia del rubro energético en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI en adelante) –73,2 % del total de las emisiones globales (Ritchie, Rosado y Roser 2020)–, la idea de una “transición energética” hacia fuentes renovables se ha instalado como un objetivo común dentro del debate político y académico sobre la crisis. En la búsqueda por alcanzar este objetivo, han predominado las respuestas basadas en los “mecanismos de mercado” y la innovación tecnológica impulsada por la competencia capitalista (Tienhaara 2014; Flores 2015; Mahnkopf 2019). Consecuentemente, en el ámbito de la generación eléctrica, han sido las empresas privadas las principales encargadas de implementar las tecnologías de generación renovable. Esta forma de enfrentar el cambio climático ha significado un gran estímulo para el rubro de la energía eólica (Bloomberg 2022), donde la “destrucción creativa” del capitalismo ha contribuido a disminuir los costos de dichas tecnologías “hasta el punto de que la nueva electricidad de origen fósil ya no es una opción atractiva” (IRENA 2021, 4).