La Constitución de la República reconoce al sistema económico como social y solidario e integrado por los sectores público, privado y popular y solidario. Al referirse al sistema financiero, señala que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. En desarrollo del marco constitucional, el 10 de mayo de 2011 se promulga la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) y, el 27 de febrero de 2012, su Reglamento General, en los que se configura la institucionalidad para este importante sector económico sustentándola en cinco ejes: rectoría, regulación, control, fomento y financiamiento.