Como consta a toda América, el Gobierno del Ecuador, fiel a los deberes de solidaridad continental y consciente de su dignidad, se ha abstenido de dar rienda suelta a la natural indignación que suscitó la agresión de que fue víctima el país en los días 5 a 7 de julio último y, sobre todo, a partir del 23 del mismo mes, en que, sin declaración de guerra, las fuerzas peruanas acometieron contra nuestras escasas guarniciones fronterizas e invadieron luego el territorio ecuatoriano. Puesto el problema, desde el mes de mayo, en manos de tres sabios Gobiernos amigos, esta República no ha querido realizar acto alguno que lo agravase, ni que dificultara más aún la noble tarea que aquellos habían asumido en beneficio de las Partes y del Continente. Mas, por desgracia, el Gobierno del Perú ha continuado reteniendo los territorios injustamente ocupados; y, para cohonestar este hecho, ha afirmado que lo hacía no porque se reputase dueño de ellos, ni porque quisiera conservarlos definitivamente, sino a “título de seguridad”, es decir, como medio para conseguir que el Ecuador renunciase a sus derechos, o como medida de precaución “para prevenir los ataques ecuatorianos”.