Si bien, históricamente el Estado ecuatoriano propendía principalmente a realizar una correcta administración de los desastres, instaurando un enfoque de respuesta, los tratados internacionales como el Decenio Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres (1989), el Marco de Acción de Hyogo (2005) y el actual Marco de Acción de Sendai (2015), más la transformación política institucional del Ecuador en el proceso Constituyente de Montecristi (2008); dimensiona a la gestión de riesgos de desastres, como una prioridad dentro de la agenda política del país, estableciendo por parte del Ecuador mecanismos para la reducción y la prevención del riesgo de desastres como política pública, y donde la sociedad en su conjunto toma un papel de corresponsabilidad para su gestión.