La descentralización de las políticas públicas en Brasil, ocurrida durante la década de los años ochenta, no contempló directamente la seguridad pública. Aún así, en los últimos años, en razón del aumento de la criminalidad y la inseguridad, los municipios fueron presionados a asumir un papel de mayor protagonismo en este sentido. Ocurre que delante de la inexistencia de cuadros especializados para la administración de esta cuestión en el ámbito local, diversas municipalidades han recurrido a las consultorías ofrecidas por las instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales para la realización de estas actividades. Este artículo es una reflexión sobre cuál es el papel de las instituciones externas al municipio en el ámbito de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas municipales de seguridad pública, cuando éstas pasan a ser consideradas sociedades público-privadas. En especial, se pretende presentar cuáles son los límites que tales configuraciones enfrentan, así como las potencialidades y problemas de este acuerdo para el desarrollo de una cultura de seguridad ciudadana.