No cabe duda que uno de los grandes aportes que hace la Constitución que entró en vigencia el 20 de octubre de 2008 es la Participación Ciudadana, entendida no sólo como una instancia de democratización que se agota en un par de artículos, sino como un eje transversal en el que se inserta todo el texto constitucional. Es deseable, pues, que la participación integre todos los procesos de debate y deliberación; de toma de decisiones, planificación de presupuestos y rendición de cuentas del sector público, no sólo de los gobiernos seccionales sino también del gobierno nacional. La conformación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo, nos deja en este punto un sabor amargo. Cuando confiábamos que la transparencia, la independencia de los procesos, la probidad, la ética, los méritos y la ciudadanía fueran los orientadores de tal proceso de selección, la mayoría de participantes y testigos de tal evento hemos salido con la impresión de que nuevamente se trastocaron los principios por el oportunismo, el interés del poder de turno, el palanqueo, la politiquería y la desvergüenza. Dar una nueva oportunidad a la participación ciudadana en el contexto de la ley de la materia, así como de la juridicidad que rija al Consejo, es un reto que legitimaría su acción, ya que no su origen.