El papel de las instituciones financieras en la economía es sumamente importante: a través de ellas se lleva a cabo el proceso de asignación eficiente de recursos a los agentes económicos de un país y, con esto, se fomenta la inversión productiva y el desarrollo económico y social, permitiendo así una redistribución más justa y equitativa de uno de los factores de la producción, que es el capital. El problema surge cuando el sistema financiero público y/o el privado no cumplen adecuadamente con esta función, como es el caso de la banca en Ecuador. Son notables las diferencias que existen entre los sistemas bancarios de los países desarrollados y aquellos en desarrollo. Un indicador que refleja si la banca cumple con su función fundamental es la relación del crédito otorgado al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Durante la década de los 1990, en los países desarrollados esta relación fue del 84%, en las naciones en desarrollo del sudeste asiático y del Pacífico alcanzó el 72% y en las de América Latina y el Caribe fue del 28% (BID 2005). Esta situación, por demás crítica para el conjunto de los países latinoamericanos, responde a un proceso de larga data iniciado con el llamado Consenso de Washington en el que, entre otros temas, se puso el acento en el debilitamiento de la banca pública de desarrollo en favor de la privada y en la aplicación de medidas de desregulación financiera en pro de la liberalización de los mercados financieros a escala global.