El actual gobierno de Rafael Correa aparece como el ganador en la clásica disputa ecuatoriana entre legislativo y ejecutivo, a través de acciones no siempre legales e institucionales. A pesar de esta devaluación de normas democráticas y del Estado de derecho, de modo revelador, nunca antes un presidente ha logrado tanta popularidad. El jefe de Estado ecuatoriano exhibe la mejor cuota de aceptación en el mundo (76%). En contraste, la aceptación en la opinión ciudadana de los partidos, y sobre todo del Congreso, nunca ha sido tan baja (4%). Los grandes perdedores son los partidos y el Congreso englobados, sin distingo, en la llamada ‘partidocracia’ que de manera simplista es considerada la encarnación del ‘mal’. De acuerdo al discurso del gobierno y su énfasis en la promoción de una revolución ciudadana, la sociedad civil sería el actor principal de los actuales procesos de cambio. Sin embargo, ante la crisis de los partidos, no es una ciudadanía activa la que toma su lugar sino un discurso ciudadano sin ciudadanía organizada, vehiculado, sobre todo, por sectores de la izquierda que sirven ocasionalmente de apoyo para movilizaciones y fuerza de choque. Al estilo bonapartista, la figura de Correa se impone a las diferencias de organización, intereses y tendencias. Y esto ocurre hasta el punto en que se valoriza la legitimidad del cambio y del gobierno en detrimento de la legalidad.