En la actualidad, el Ecuador debate las condiciones de un proceso de reforma política que modifique aspectos substanciales del diseño institucional del sistema político, cuya transformación podría incidir positivamente en la superación de la aguda crisis política que se ha venido incubando en las últimas dos décadas. Muchas de las demandas de reforma aluden a la necesidad de introducir modificaciones constitucionales, las cuales podrían recorrer distintas vías: la consulta popular, la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, o en su defecto, reactivando la capacidad de legislación del Congreso Nacional. Esta última opción parecería ser la que más dificultades presenta, debido al efecto de involucramiento en el cual por lo general tienden a incurrir los actores políticos: ser jueces y partes de los procesos de articulación y de normación de las reglas de juego institucionales básicas del sistema político. La actual crisis de la representación política favorece la utilización de expedientes plebiscitarios como la consulta popular y, en menor medida, la Asamblea, pero todas estas posibilidades están expuestas a riesgos y complejidades, que es necesario advertir y que la examinación histórica puede esclarecer.