El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC), demanda, entre otras, de tres condiciones para su funcionamiento; la primera se vincula con la debilidad de la legislatura nacional para penalizar esta problemática; la segunda con responsabilizar y focalizar a únicas personas (por ejemplo banqueros) el surgimiento o mantención de cadenas de comercialización ilegal y la consecuente destrucción del patrimonio; y la tercera con preocupantes vacíos conscientes de valor de los/as ciudadanos/as por lo que fue y lo que es nuestra historia y nuestra cultura.