El derecho a la oposición es un rasgo constitutivo de la democracia contemporánea que sólo fue posible después de un largo proceso histórico en el que se combatió la autocracia y a la exclusión política; éste derecho se hizo realidad una vez que se reconoció la legitimidad del disenso. Así el consenso, que es producto del diálogo racional y el convencimiento entre interlocutores políticos, tiene en el disenso su contraparte lógica. En democracia, el poder político se gana y legitima mediante procedimientos institucionales, y su ejercicio está sujeto a las críticas de los ciudadanos y a la prueba de las urnas. La oposición es un componente básico del funcionamiento de las democracias, porque busca la solución del conflicto, mediante la identificación de intereses comunes, ya porque promueve la superioridad del diálogo sobre la confrontación, ya porque sus funciones van más allá de una expresión de protesta o de descontento, pues su participación en los órganos de representación política, le aseguran una influencia sobre el proceso de decisiones.