El Estado tiene entre sus funciones proteger a la ciudadanía que lo constituye; por esta razón, la seguridad ciudadana no es otra cosa que la protección que debe recibir la población a través del funcionamiento de las instituciones, el fortalecimiento de las prácticas democráticas, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y la exigencia al Estado de las garantías suficientes para la convivencia pacífica, armónica e innovadora