La implementación de políticas de reparación de víctimas a graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador, representa un hito histórico respecto a la garantía de derechos colectivos que el país estipuló dentro del mandato constituyente del 2008. De ahí que su implementación se ha llevado a cabo tras un complejo proceso de negociación entre las organizaciones relacionadas a los derechos humanos, familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 2008.