Se estima que más de dos tercios de la población mundial urbana vive en ciudades, donde la inequidad de ingresos ha ido en aumento desde los años 80 (ONU Hábitat, 2014). En el Ecuador el tratamiento otorgado a la vivienda se ha realizado de forma desarticulada fundamentalmente matizado por acciones coyunturales, restringidas, sectorizadas, de corto plazo y principalmente mercantilista. El derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat es una disposición de la Constitución de la República de Ecuador 2008, en la misma se establece que las políticas públicas son procesos participativos, que tienen como fin el garantizar los derechos ciudadanos.