Las cárceles de Honduras transitaron de un control sostenido por la organización de los presos que implicaba la estructuración de una economía de capitalistas emprendedores en su interior. Esto coexistía con el hacinamiento en las prisiones y una baja capacidad de administración estatal. Una parte de la reforma estatal de las prisiones consiste en desarticular la economía de las cárceles y darle otro sentido con procesos de privatización.