En mayo de 2007, el ex presidente Rafael Correa creó una Comisión de la Verdad para Ecuador (CVE) a la que encargó esclarecer los hechos de violencia política ocurridos en el país entre los años 1984-2007. En junio de 2010, con la entrega del informe final de la Comisión, el Estado ecuatoriano dio inicio a una serie de acciones con el fin de reconocer su responsabilidad en los hechos y emprender medidas de reparación, judicialización y reformas administrativas. Este artículo busca un acercamiento a la forma en que el “hacer memoria” de los hechos investigados por la CVE se convierte en sustento para la definición y promulgación de políticas de reparación a víctimas y/o sus familiares, así como a la forma en que esas políticas encuentran recepción tanto en las autoridades llamadas a impulsarlas como en sus beneficiarios.