La democracia actualmente afronta la necesidad de resolver situaciones de conflicto o malestar social en diversas partes del mundo (Mouffe: 11 - 25). Sin el tradicional referente antagónico del socialismo real o “sovietismo” y con las manifestaciones propias de un cambio epocal marcado por la “crisis de sentido” y la “pérdida de lo dado por supuesto” (Berger y Luckmann: Capítulos 3 y 4), las democracias contemporáneas se caracterizan -en términos más o menos generalizables- por los cuestionamientos recurrentes de sus ciudadanos a diversos principios y dispositivos institucionales considerados “fundamentales” para este régimen político. La democracia en América Latina confronta situaciones similares de disconformidad, demanda y ajustes. No es casual la moda política y académica concentrada en denunciar el déficit de ciudadanía efectiva en el continente. La segunda y tercera ola de democratización (1) ha generado resultados disímiles entre los países, en términos del desempeño esperado para alcanzar mejores resultados de desarrollo socioeconómico. Pero también es desigual el grado de desarrollo y mejoramiento de la institucionalidad básica esperada para los “nuevos” Estados Democráticos de Derecho (O´Donnell 1998: 2 – 5. Ordóñez y Rosales: 47 – 48).