La implementación de las políticas de descentralización en los países de América Latina se ha basado en el ordenamiento de los niveles territoriales de gobierno y gestión pública; y, la descentralización (administrativa, fiscal y política). Ecuador, tiene un modelo de Estado descentralizado y se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Los regímenes especiales no alteran la organización territorial. A partir del 2008, la Constitución obliga a todos los niveles de gobierno descentralizados a planificar sus territorios. El marco legal derivado de la Constitución asigna al gobierno Central y los diferentes niveles de gobierno descentralizados, la competencia de planificar su desarrollo y ordenamiento territorial, a través de los instrumentos previstos en la ley, que buscan viabilizar el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir.