Los debates en torno a la participación civil durante la dictadura militar que se desarrolló en la Argentina entre 1976 y 1983 han logrado plena vigencia en el ámbito académico. Pero algunas vacancias pueden observarse en este promisorio panorama: es necesario revisar la estrategia implementada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar respuesta a las denuncias contra el régimen por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron tras el golpe de Estado, a través de la participación de un experimentado cuerpo de funcionarios del servicio exterior que fue indispensable para negar la represión ilegal y dilatar una condena internacional contra Argentina en los principales organismos y foros diplomáticos. Esta investigación cubrió ese espacio no indagado en los estudios sobre la última dictadura argentina, por medio del entrecruzamiento del campo de la teoría de las relaciones internacionales y el campo de la historia reciente. En ese marco, aquí se analizó el rol clave que tuvo la Cancillería y el cuerpo del servicio exterior en la disputa por el frente externo de la última dictadura militar. Por frente externo nos referimos al enfrentamiento que encontró el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) en el escenario internacional, a partir de los cuestionamientos recibidos en ámbitos diplomáticos, ya sean en la discusión vis-à-vis con otro Estado, o a través de debates desarrollados en el seno de los principales organismos multilaterales como fueron la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta tesis doctoral, por lo tanto, se estudió el debate en torno a la política exterior que la Junta Militar implementó en el escenario internacional en medio de la complejidad geopolítica planteada por la Guerra Fría y en relación a la discusión sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina entre 1976 y 1983.