La economía ecuatoriana se encontraba estancada, deteriorándose significativamente, incluso antes del aparecimiento de la pandemia del COVID-19. Esta situación se ha visto agravada con las políticas de ajuste provenientes del Acuerdo de Servicios suscrito en 2019 con el FMI. El Gobierno pagó a tenedores internacionales de bonos, en medio de la vigente crisis económica y sanitaria, recortando las capacidades de inversión pública y cayendo en mora con proveedores nacionales. Un nuevo Acuerdo suscrito con el FMI que aprobó un préstamo al país a condición de cumplir ciertas acciones, por el actual y próximo gobierno.