En Colombia ha persistido un escenario de violencia armada en donde por más de 50 años diferentes actores han entrado a su configuración: desde diversas manifestaciones guerrilleras ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano, pasando por grupos al margen de la ley de carácter mercenario y terminando en las mismas fuerzas armadas oficiales y públicas del Estado colombiano. Lo anterior ha llevado al país a presentar de manera histórica diversas problemáticas en la esfera social y política, generando descontento, temor e incertidumbre en la ciudadanía, lo que ha dado pie para que se considerara como prioritario el hecho de querer acabar con el conflicto armado que tanto ha golpeado a la población civil. Conforme a ello, y en consecuencia, la tendencia visible del Estado Colombiano se ha manifestado en un terreno de tensiones políticas, de rigideces sociales, desigualdad, dependencia y desajustes económicos que han hecho evidente, para principios del siglo XXI, el necesario cambio de accionar estatal para redirigir y encauzar en una estabilidad social, política y económica a la sociedad colombiana. Es en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que cambia la concepción que se tiene sobre lo que venía sucediendo, marcando como punto de inflexión la definición de la Seguridad como eje clave del desarrollo del país. Teniendo esto en cuenta, esta investigación plantea mostrar cómo la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha configurado una determinada forma de actuar en la sociedad colombiana: desde sus instituciones hasta sus prácticas ciudadanas más cotidianas. En específico, esta política se analiza como un dispositivo de gestión, dando como consecuencia alarmantes cifras de violación de Derechos Humanos a causa de la violencia estatal, y teniendo como resonancia las ejecuciones extrajudiciales mal conocidas como ‘Falsos Positivos’.