La vida democrática del Ecuador ha sido testigo de múltiples hechos de corrupción y escándalos políticos que, a lo largo de los años, han afectado la confianza ciudadana en el Gobierno, las instituciones y sus autoridades. A pesar de que entre 1979 y 1996, como argumenta Andrade (2006), los gobiernos operaron en medio de incesantes acusaciones de corrupción y un parlamento conflictivo y hostil, éstos se constituyeron por vías electorales y se vivió una etapa caracterizada por la sucesión presidencial ordenada y estable; no obstante, desde 1996, y durante los primeros años de la década de los 2000, el país sufrió bruscos cambios en su institucionalidad y se sumió en un periodo de profunda inestabilidad política, registrando en medio la mayor crisis económica y social hasta entonces.