Uno de los aspectos más emblemáticos de la Constitución ecuatoriana vigente desde 2008, es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Este reconocimiento fue el resultado de procesos organizativos de largo aliento que confluyeron, desde diferentes miradas en la necesidad de protección de la naturaleza, principalmente ante la intensificación de las actividades extractivas en el territorio ecuatoriano, caracterizado por su gran biodiversidad (Murcia, 2019: 15-17). Sin embargo, a pesar del reconocimiento constitucional, los derechos de la naturaleza tuvieron un exiguo desarrollo y jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional anterior a la del 2019.