La migración venezolana ha sido un gran reto para los países de destino en la región latinoamericana en los últimos años. Los Estados como garantes de derechos, según los tratados internacionales a los que están adscritos, tienen la obligación de proteger a la población que se encuentra en su territorio. Según la Constitución ecuatoriana, el país extiende la protección de los derechos humanos a todos sus habitantes, incluidos los migrantes. No obstante, la superposición del régimen seguritista sobre los derechos humanos y la falta de capacidad institucional para aplicar las políticas migratorias han limitado al Estado en su rol de ser garante de derechos. Lo cual crea la oportunidad para que otros actores internacionales contribuyan a la gestión migratoria como las organizaciones no gubernamentales.