El presente estudio aborda las trayectorias del movimiento asociativo ecuatoriano de personas con discapacidad, a partir de las tensiones generadas por el advenimiento de la pandemia y el insospechado caso de una red de corrupción del carnet de discapacidad. Estos acontecimientos pusieron en entredicho el horizonte de visibilidad que promueve la política pública para el sector de la discapacidad, que ha persistido como hegemónico a partir del Estado y de las federaciones nacionales. De este modo, a partir de la crisis sanitaria y los casos de emisión fraudulenta del carnet, el movimiento asociativo de discapacidad irrumpió en la escena bajo la forma de iniciativas políticas directas, interpelando la interfaz socioestatal de la política pública como un enclave de conflictividad, mediante un repertorio de acciones políticas contenciosas, tanto en redes sociales como en el espacio público.