El caso Yasunidos es un ejemplo de cómo los movimientos sociales que utilizan repertorios sociolegales como estrategias de lucha no siempre logran certificar e institucionalizar sus demandas. En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, fueron impedidos de realizar una consulta popular cuyo objetivo era dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 Yasuní ITT. Dicha consulta popular estaba enfocada en evitar la contaminación de una de las zonas más biodiversas del mundo y hogar de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Ecuador: los Tagaeri y Taromenane. La consulta fue impedida y la operación petrolera comenzó en 2016. En 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno se aprobó una consulta popular para disminuir el área de explotación petrolera y aumentar el área de la Zona Intangible donde habitan los pueblos indígenas (Decreto ejecutivo 751).