Entre 2009 y 2012, tanto en Argentina como en Ecuador, una de las mayores líneas de conflicto político se desató a partir de las confrontaciones entre las figuras del poder ejecutivo y el gran espectro de medios privados. Casi desde el inicio de sus gestiones, Cristina Fernández y Rafael Correa han roto los vínculos de convivencia que sus antecesores habían sostenido con las empresas mediáticas para disputarles la construcción de representaciones en la esfera pública. Por su parte, los medios han intensificado su actuación política construyendo relatos abiertamente autorreferenciales y corporativistas. Desde ambos lados, las apuestas se despliegan en el ámbito mediático con abuso de un discurso monologal, descontextualizado y deshistorizado. La tensión en este campo se ha traducido en luchas por la regulación estatal de la actividad de los medios, los cuales han construido vínculos políticos e incluso han acudido a los tribunales para conservar las condiciones políticas y jurídicas en las que sus intereses pueden ser reivindicados como legítimos. Asistimos a una lucha inédita inscrita en el “campo de la discursividad” y que consiste en sucesivos intentos por cargar de contenido el significante democracia. En dicha disputa, las tensiones principales se sitúan en la concepción de libertad, de mercado y de prácticas políticas y gestión del conflicto. Se trata de configuraciones que apuestan a una rearticulación hegemónica, dentro de procesos políticos que están lejos de su cristalización.