Las personas con discapacidad han sido históricamente parte de los grupos excluidos en Ecuador. Durante el proceso de consolidación de la república, las instituciones filarmónicas y las juntas de beneficencia brindaron apoyo a este colectivo en un contexto en el cual el Estado no prestaba atención a sus necesidades. Durante la segunda mitad del siglo XX, los organismos estatales comenzaron a considerar la discapacidad como un problema social que debía incluirse en la agenda pública. Esto impulsó la proposición de políticas públicas orientadas a su beneficio.