La tesis aborda la compleja interrelación que existe entre las políticas públicas, la desigualdad y el derecho. Estas temáticas trascendentes tienen un punto de contacto crítico al realizarse el control judicial de políticas públicas, actividad que asume el Poder Judicial en un ámbito sensible, no exento de tensiones políticas e institucionales en el marco de un Estado democrático y republicano. El escenario se complejiza al incorporar en esta dinámica a la desigualdad social, la cual constituye una grave problemática para el desarrollo integral de una comunidad y para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por este motivo sostenemos el argumento de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera a la desigualdad social como un criterio relevante a la hora de evaluar políticas públicas, y para ello analizamos sentencias del máximo tribunal entre los años 2005-2023. De esta manera indagamos sobre los límites de la evaluación judicial de políticas públicas y su impacto en el ciclo vital de éstas e investigamos la conceptualización de la desigualdad social y su rol en este proceso, identificando criterios que puedan resultar de utilidad para la futura formulación y aplicación de políticas públicas en el marco de un Estado de derecho social y democrático.