El actual gobierno uruguayo integrado por una coalición de partidos de derecha, asume el gobierno, existiendo un sistema institucionalizado de transferencias monetarias condicionadas: las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM - PE). En 2021, este gobierno realiza el primer control de las condicionalidades. En julio 2022, se anuncia el control y suspensión de las AFAM - PE para quienes no estuvieran concurriendo a los centros educativos. Este, a diferencia del primer control, tendrá un importante alcance mediático dadas las comunicaciones del ministro de Desarrollo Social (MIDES), Martín Lema. Este artículo de investigación tiene como objetivo caracterizar y analizar ese anuncio de control y suspensión. Se considera un objetivo relevante para el caso uruguayo en tanto no existe documentación que ordene el conjunto de aspectos vinculados a este episodio. Asimismo, contribuye a dar cuenta de la orientación del actual gobierno sobre la pobreza y la política pública. Más allá de esto, se entiende que la importancia del objetivo, trasciende a Uruguay. Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) son la principal política dirigida a la población en situación de pobreza. Este trabajo procura aportar al debate sobre estos programas, específicamente sobre las condicionalidades. La estrategia metodológica se sustenta en fuentes secundarias. Se analizan documentos del Partido Nacional y del gobierno y las páginas web del MIDES y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como declaraciones realizadas por autoridades del gobierno y difundidas por los medios masivos de comunicación. Se concluye que la medida -y particularmente su carácter mediático-, obedecen a argumentos de economía política, esgrimidos a favor de las condicionalidades. El ministro Lema procura mostrar que los dineros públicos están siendo ‘cuidados’ y que se está haciendo cumplir la ley. Lo hace de una forma que contribuye a consolidar la responsabilización de los pobres por su pobreza y a sospechar de ellos. The Uruguayan goverment -integreded by a coalition of righ parties- starts it’s gestion with a extended and institucionalizaded monetary transfer system: the Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM – PE). In 2021, this goverment makes the first control of conditionalities. In July 2022, AFAM – PE control and suspension, is announced for those who were not attending educational centers. In a diferent way that the first control, this haves significante media coverge, given by the announcement that Martín Lema, Minister of Social Development, realice. This article aims to characterize and analyze this announcement of control and suspensión. It is consideraded a relevant objective for Uruguay given there is no documentation that orders the set of aspects linked to this episode. Likewise, it allows to account the current government orientation on poverty and public policy. Beyond this, it is understood that the importance of the objective transcends the uruguayan case. The Conditional Transfer Programs are the main policy aimed at the population that live´s in poverty. This article seeks to contribute these programas debate, particulary about conditionalities. The methodological strategy is based on secondary sources. On one hand, Partido Nacional, and goverment documents were analyzed, and, on the other, web pages of Ministry of Social Development and National Administration of Public Education, as well as statements in the mass media, made by government authorities. It is concluded that the measure and particularly its media nature-, obey political economy arguments, put forward in favor of conditionalities. Minister Lema tries to show that public money is being, ‘cared for’, and that law is being enforeced. He does this in a way that contributes consolidating poor responsability for their poverty and suspect them.