La investigación es el resultado de un proceso reflexivo sobre la movilidad humana, en clave de género, abordando los cuidados como anclaje y explorando sus implicancias para el desarrollo humano. En los últimos años, la migración intrarregional y el desplazamiento forzado en América Latina ha forzado a los a los Estados a repensar la movilidad humana, para que ocupe un lugar en la agenda pública. Pese a los espacios de diálogo y trabajo técnico a nivel local y regional, esfuerzos como el Plan de Acción Brasil (2014) y el Proceso de Quito (2018) han resultado procesos eficientes, pero insuficientes en el marco de los movimientos masivos sin precedentes en la región, principalmente de personas venezolanas, cuestionando así la efectividad de los Estados en la respuesta desde la política pública en materia de movilidad humana y protección. La investigación contempla el desplazamiento de personas venezolanas en América Latina, situación que ha afectado a más de 7 millones de personas, de las cuales, más de 6 millones se encuentran desplazadas en América del Sur. En esta línea, se describe una serie de desafíos que las personas en situación de movilidad enfrentan para el pleno ejercicio de derechos, puntualizando específicamente en el impacto diferenciado de la movilidad humana en tanto el género y el impacto temas de cuidados. Los casos de mujeres venezolanas radicando en Bolivia, y sus procesos de integración local, son plasmados en la investigación. Si bien, los proyectos migratorios pueden representar oportunidades para mejorar la calidad de vida de las mujeres y transformar los patrones de relaciones de género estructuralmente patriarcales, también pueden reforzar los roles tradicionales de desigualdad y exponer a las mujeres formas sistemáticas de violencias. En el caso de las mujeres venezolanas en Bolivia, se pudo identificar situaciones de violencias sistemáticas, exclusión y aislamiento. Todas las mujeres que participaron de la investigación afirmaron que el proyecto migratorio les restó autonomía e independencia económica, las cuales, en mayor o menor medida gozaban en su país de origen. Actualmente, aquellas que cuentan con una fuente de ingresos propia (no dependiente de la pareja), generalmente es muy informal, precaria, insuficiente y carente de derechos y garantías para su ejercicio. La agenda de cuidados en la región toma forma con los años, con congresos, cumbres y foros de género, en los que se insta a los Estados a asumir la responsabilidad pública; abogando por lecturas y políticas interseccionales que garanticen el cumplimiento de derechos humanos. Abordar el cuidado desde el diseño de la política pública significa politizar el cuidado, es decir no naturalizarlo como femenino, sino como una dimensión de bienestar que debe garantizarse en el marco de la equidad de género. (Ceminari, et al. 2018). El documento en cuestión contempla seis capítulos: I) Introducción, II) Estado del arte, III) Marco Conceptual, IV) Metodología, V) Resultados y VI) Conclusiones. Asimismo, cuenta con un apartado de anexos, que contienen el instrumento utilizado y las categorías de análisis.