El Contrato Social por la Vivienda está constituido como un espacio de participación, de acción crítica, de cohesión voluntaria para incidir en políticas de vivienda y defender el derecho al hábitat; es un espacio de relación interinstitucional, de intercambio de iniciativas, de análisis y de generación de propuestas colectivas. El Contrato Social por la Vivienda se basa sobre principios de democracia, solidaridad, inclusión, equidad, ética, justicia, respeto, transparencia, dignidad, sustentabilidad, corresponsabilidad e interculturalidad con énfasis en el enfoque de igualdad de derechos y oportunidades.