En el siglo XXI hemos presenciado, a nivel global, una notable expansión de las economías ilícitas y de diversas formas de criminalidad organizada, las que también han dejado su marca en América Latina. Este proceso se ha expresado no solo en la multiplicación de esas formas criminales de poder y de apropiación de riquezas, sino también en su complejización organizativa, su sofisticación y transnacionalización, así como su diversificación económica, pivotada y dinamizada, de manera fundamental, en torno a la explosión del narcotráfico (Cajiao et al. 2018). En este artículo ponemos el énfasis en un rasgo particular de estos nuevos escenarios: la expansión de sus encadenamientos económicos hacia un ámbito clave como los llamados recursos naturales y/o bienes ambientales.