En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre la problemática de las relaciones que se han instalado entre crimen organizado y poder político en América Latina. En ese marco se plantean diversas categorías para abordarla. Por un lado, se implementaron estudios sobre la temática de la “captura y cooptación del Estado”, que es cuando un grupo criminal organizado acaba controlando el funcionamiento del Estado y se integra con las élites políticas (De León-Beltrán 2022). En otra vertiente, Flores Pérez (2020) introdujo el concepto de “red de poder hegemónica”, de entrecruces entre lo legal e ilegal, lo lícito e ilícito, que permite producir y reproducir redes de criminalidad organizada, con la aquiescencia estatal. Y, por último, se ha definido la categoría de “gobernanza criminal” (Duque Daza 2021), para dar cuenta de cómo el poder político actúa en cogobierno con grupos criminales. En ese marco, Briceño-León y Ávila (2023) ha evidenciado cómo esta asociación ilícita amenaza la democracia, la legitimidad de las instituciones y el mismo estado de derecho.