En 2017, luego de una década bajo al mandato de Rafael Correa, se posesiona una nueva figura política en Ecuador, Lenín Moreno. Él inaugura su mandato con una severa política de austeridad fiscal con la que prometió optimizar el gasto público. Inició así un programa de supresión de instituciones públicas para reducir el tamaño del Estado. En ese contexto, se elimina el Ministerio de Justicia que hasta ese momento era el ente rector de la política de rehabilitación social. Posteriormente, se crea el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para asumir las funciones del extinto Ministerio. Un año más tarde, se desata en el país la primera masacre carcelaria en la historia contemporánea del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS). El ejecutivo ordena una intervención integral de política pública para darles a los presidios condiciones de vida dignas.